En la región hay temor por el cierre de oficinas, el recorte de personal y la venta de inmuebles, mientras el oficialismo intenta justificar los cambios señalando una “estructura ineficiente” y un organismo que se alejó de su “misión original”.

Desde el Gobierno se adelantó que la nueva etapa del INTA se basará en la investigación tecnológica con cofinanciación del sector privado, aunque estos mecanismos ya existen desde hace años, según denunciaron desde el propio organismo.

Para Federico Castoldi, director de la EEA Bordenave, el cambio implica “la pérdida de independencia y la politización de las decisiones técnicas”, lo que pone en riesgo políticas públicas de largo plazo. A su vez, Daniel Iurman, de Hilario Ascasubi, alertó que muchas decisiones que antes pasaban por consensos técnicos y sectoriales, ahora se tomarán por imposición política.

Además, señalaron que muchos de los argumentos del oficialismo se basan en datos falsos o distorsionados, como los supuestos 3 mil vehículos del INTA, que incluirían tractores viejos y móviles fuera de servicio que no pueden ser dados de baja por la burocracia estatal.

En paralelo, el recorte de programas como Cambio Rural y Pro Huerta ya provocó despidos y vaciamiento de agencias en localidades como Pigüé y Bahía Blanca. Según Castoldi, en Bordenave se perdió el 70 por ciento de los investigadores, muchos de ellos absorbidos por el sector privado.

En este escenario, desde el INTA expresaron su preocupación por un posible vaciamiento institucional que “destruiría en semanas un trabajo de casi 70 años” y dejaría a productores y comunidades sin asistencia técnica. La incertidumbre también alcanza a las tierras del organismo, que podrían ser puestas a la venta en un negocio inmobiliario encubierto.

Por ahora, resta saber si el Congreso convalida o rechaza el decreto, pero los directivos anticipan un panorama desalentador si no se revierte el rumbo. “Este no es el INTA que conocemos ni el que queremos”, resumieron.