Los jueces Sebastián Foglia, Ernesto Sebastián y José Fabián Asís lo consideraron autor del delito de encubrimiento agravado, tanto por la gravedad del delito precedente -la comercialización de drogas- como por tratarse de un funcionario público perteneciente a una fuerza de seguridad.

Además de la pena de prisión, el tribunal le impuso diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La condena coincidió prácticamente con lo solicitado por el fiscal general Gabriel González Da Silva y la auxiliar fiscal María Fernanda Aimar, quienes durante el juicio sostuvieron que el prefecto “garantizó seguridad e impunidad” al narcotraficante Héctor Leonardo Diez, fallecido en mayo de 2024.

Según la investigación, Moreno mantuvo entre septiembre de 2019 y marzo de 2021 numerosas conversaciones con Diez, a quien le transmitía información reservada sobre allanamientos, detenciones, resultados de peritajes y avances de causas federales vinculadas al narcotráfico.

Entre las pruebas clave aparecieron mensajes extraídos de un teléfono celular secuestrado durante un allanamiento realizado en junio de 2022 en el domicilio de Diez, en el marco de una causa provincial por violencia de género y abuso sexual.

Para la fiscalía, esos intercambios dejaron en evidencia que el prefecto filtraba datos sensibles de investigaciones en las que él mismo intervenía. Uno de los mensajes más comprometedoras fue enviado el 13 de febrero de 2020, cuando Moreno le escribió a Diez: “Te encontré en dos celulares (…) igual tranqui que ni apareces en el informe”.

Durante el debate oral, el fiscal consideró que esa frase constituyó una clara “garantía de impunidad”, ya que demostraba que el imputado había ocultado deliberadamente información relevante para evitar que el narcotraficante quedara involucrado en las pesquisas.

La acusación también sostuvo que Moreno le aportó fotografías de procedimientos policiales, información sobre detenidos y hasta datos sobre posibles vendedores alternativos de droga luego de la captura de uno de los proveedores de Diez.

En su defensa, el prefecto negó haber brindado información confidencial y aseguró que muchas de las conversaciones eran simples bromas o comentarios basados en noticias periodísticas. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal rechazó esa versión al afirmar que existía “un vínculo funcional y de confianza” entre ambos.

Los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 21 de mayo.