Judiciales y Policiales
Polémica en la Justicia Federal

Denuncian por persecución judicial a la médica que intervino en la causa por la desaparición de Facundo Astudillo Castro

Virginia Creimer enfrenta una causa por falso testimonio impulsada por el fiscal federal Ulpiano Martínez. La profesional sostiene que actuó conforme a los protocolos internacionales y cuestiona el avance del expediente.

La médica forense Virginia Creimer quedó nuevamente en el centro de una controversia judicial luego de ser procesada por presunto falso testimonio en una causa impulsada por el fiscal federal de Bahía Blanca, Ulpiano Martínez. El expediente se desprende de su intervención como perito en la investigación por la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro, uno de los casos más resonantes de los últimos años en materia de violencia institucional.

Con más de tres décadas de trayectoria profesional, Creimer participó en numerosas investigaciones penales vinculadas a delitos de lesa humanidad y causas que involucraron a integrantes de fuerzas de seguridad. Desde distintos sectores académicos y vinculados a los derechos humanos advierten que la acusación en su contra podría sentar un precedente preocupante para el ejercicio independiente de la actividad pericial.

La denuncia presentada por Martínez se produjo luego de la condena al ex policía rionegrino Marcos Herrero, conocido por intervenir en investigaciones mediante perros rastreadores y posteriormente condenado por maniobras irregulares durante distintos procesos judiciales. A partir de ese contexto, la actuación de varios peritos que participaron en la investigación quedó bajo la lupa.

Creimer rechazó las acusaciones y sostuvo que su trabajo se ajustó a los estándares internacionales vigentes para investigaciones forenses. Según explicó, los cuestionamientos apuntan a procedimientos técnicos realizados durante una inspección en la comisaría de Teniente Origone, donde Facundo Astudillo Castro había sido visto por última vez. La profesional argumenta que las tareas observadas forman parte de las exigencias establecidas por el Protocolo de Minnesota de Naciones Unidas para la investigación de muertes potencialmente ilícitas.

El avance de la causa generó además cuestionamientos sobre el desarrollo del proceso judicial. Entre otras cuestiones, se señaló que la médica fue convocada a declarar en distintas oportunidades bajo condiciones que, según sus defensores, dificultaron el ejercicio pleno de su derecho de defensa.

La disputa también reavivó el debate sobre la figura de Ulpiano Martínez. El fiscal federal asumió formalmente su cargo en 2018 y su pliego recibió objeciones de organismos de derechos humanos durante su tratamiento parlamentario. Sus críticos recuerdan decisiones adoptadas durante etapas anteriores de su carrera judicial, mientras que desde otros sectores destacan su actuación en investigaciones complejas desarrolladas en la jurisdicción bahiense.

Por su parte, Creimer mantiene una extensa trayectoria vinculada a la documentación de casos de violencia institucional y delitos cometidos por agentes estatales. Desde hace años participa como perito en causas sensibles y ha intervenido en investigaciones relacionadas con crímenes de la última dictadura militar y denuncias contra integrantes de fuerzas de seguridad.

Mientras la causa continúa su curso en los tribunales federales de Bahía Blanca, el enfrentamiento entre la médica forense y el fiscal suma un nuevo capítulo a una disputa que trasciende lo estrictamente judicial y vuelve a poner en discusión el rol de los peritos independientes en investigaciones de alto impacto público.

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