La crítica situación en el sector del transporte público se extiende a todo el país ya que, según explicó Lemos, "solo hay dos maneras de cubrir el costo del servicio: con tarifa o con subsidios, por lo tanto, al quitarse estos aportes desde Nación, la compensación debe venir por el lado del precio".

De todos modos, explicó que desde el Ministerio de Transporte bonaerense les comunicaron que se mantendrán los subsidios provinciales, a la vez que también el Municipio seguiría inyectando recursos.

"Pero en este momento no tenemos información de cuáles serán esos aportes, los cuales permitirían tener un boleto a menor valor que el mencionado. En función de esos fondos provinciales y municipales, se deberá establecer una nueva tarifa cuanto antes para no desfinanciar al sistema", indicó.

La última actualización del boleto fue en diciembre, cuando se determinó una tarifa plana de 340 pesos. En esa misma ordenanza se agregó una cláusula de actualización automática por inflación para el 1 de marzo. No obstante, hoy el contexto es diferente porque aquel valor se calculó contando con los subsidios nacionales que desde ahora dejan de venir.

"En el medio tuvimos un aumento de combustibles de un 140 por ciento, una mega devaluación que impacta directo en todo lo relacionado con vehículos, y actualmente se reabrió la paritaria con la UTA para recomponer ingresos. Hay que tener en cuenta que los dos principales costos son salarios y combustible, y ambos tuvieron subas muy fuertes. De hecho, desde noviembre que se realizó el último estudio, los costos nos aumentaron un 133 por ciento", agregó Lemos.

La representante de Fournier, firma que administra seis líneas bahienses, explicó que la relación con el gremio es buena, más allá de que rige una conciliación obligatoria hasta el 1 de marzo y que no se descartan medidas de fuerza a partir de ese momento.

"Son decisiones que deberá tomar el sindicato. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para cumplir y evitar el conflicto. En cierto modo, nos está pasando lo mismo que a tantas empresas de diferentes rubros con el problema de la inflación, pero la diferencia es que, en el transporte, las prestadoras no tenemos posibilidad de fijar nuestra tarifa para ir acompañando los costos", manifestó.

Del mismo modo, Lemos se excusó de opinar sobre la discusión política en torno a la declaración de emergencia en el transporte público de Bahía Blanca, tal como pretende el oficialismo municipal.

"Solo puedo decir que la emergencia en el transporte es una situación de hecho que no requiere mayor análisis", dijo.

Acerca de una eventual restricción de servicios si la tarifa no acompaña los costos, sostuvo: "Preferimos ser prudentes. No es la idea de las empresas, aunque no se puede descartar ningún escenario".

Y concluyó: "El panorama es alarmante y se agrega la demora en los pagos desde Nación por los atributos sociales -en relación a los fondos para cubrir el 55 por ciento de descuento que reciben jubilados, beneficiarios de AUH y veteranos de Malvinas, entre otros-. La realidad es que la situación se vuelve crítica y corre riesgo el transporte de todo el interior del país".