La bahiense manifestó que en lo que va del 2023 "en promedio se han perdido entre el 25 y 30 por ciento de días de clases por distintos motivos: paros, problemas de infraestructura, falta de gas, instalaciones viejas, ratas y un largo etcétera".

Según dijo, si ese porcentaje es trasladado a la cantidad de días de clase que tiene un estudiante en toda su vida -desde el inicio del jardín hasta el último año de secundaria-, "se traduce en 3,75 años de enseñanza perdidos", que "los diferencian con aquellos cuyos padres pueden solventar una escuela privada, abriendo una grietas cada vez más grande en las oportunidades de uno y otro".

En el documento, los padres destacaron que "la educación es un derecho" y manifestaron preocupación porque algunos chicos no aprendan a leer y escribir.

"Leer y escribir no es una cosa más que se aprende en la escuela. Es la herramienta definitiva, la que articula cualquier toma de derecho. El que no sabe leer o no entiende lo que lee, no puede estudiar ni aprender. El lenguaje es el instrumento para el aprendizaje y si la escuela no cumple esta función formadora básica, sencillamente ya no sirve para nada", expresó.

Para el grupo de padres autoconvocados, "cuando se pierden días de clases no se pierden solamente las horas dentro de la institución. Se pierden las horas de aprender. Y el sistema obliga al docente a continuar aunque ese niño no aprenda, no entienda. Aun así pasará de año y será una lotería si terminará sus estudios", leyó Iraldi.

"Es el Estado el garante de la educación, según nuestra Constitución Nacional, y no lo está haciendo, por eso estamos hoy acá", continuó.

A continuación, se dirigió directamente a los concejales: "Son ustedes los que deben velar desde sus cargos como funcionarios públicos por el bienestar de la sociedad. En este caso por los derechos de todos los niños a tener educación digna e igualdad de oportunidades", expresó.

Peticiones:

Primero, que "frente a próximas convocatorias de medidas de fuerza, se de operatividad y cumplimiento a la resolución 142 de 2016 de la Dirección General de Cultura y Educación, que autoriza a los Concejos Escolares a coordinar acciones temporales con los municipios y organizaciones de la sociedad civil para mantener tareas de limpieza y mantenimiento en los colegios afectados por medidas gremiales", expuso Iraldi.

"Ante situaciones similares que hacen colisionar los derechos de los niños y de los trabajadores, sin desmerecer ninguno de ellos, debemos evaluar la afectación de cada una de las partes, siendo inevitable pensar que la mayor afectación es la perdida de clases de los niños que en muchos casos son los más vulnerables. Ante cualquier conflicto de intereses, será el interés del niño el que debe prevalecer", siguió.

Segundo, "solicitar la descentraclización de los Concejos Escolares para que, desde su posición de conocimiento de la situación de cada establecimiento educativo, puedan valorar la urgencia en la utilización del dinero proveniente de fondos de educación de la Nación o de Provincia, rindiendo cuentas sobre su uso en cada caso".

Por último, el tercer pedido fue "impulsar desde el ámbito el dictado o aprobación de una ley a nivel provincial para que la educación sea declarada como esencial en la provincia de Buenos Aires y que los problemas generados en todo nivel, que afecten al derecho de enseñar y aprender, no sea vulnerado por cuestiones económicas o de intereses políticos del momento".

La madre, finalmente, cerró su discurso con la frase: "Un pueblo sin educación está condenado a su extinción".

Proyecto en el Concejo y la reacción de Suteba

El último martes la concejala por Avanza Libertad Valeria Rodríguez presentó un proyecto de ordenanza para habilitar que los padres de alumnos bahienses pueden limpiar las escuelas cuando se realizan paros de porteros.

En respuesta al reclamo de los padres, la iniciativa incluye la creación de un programa llamado "Acción Padres Autoconvocados" en el que se registren los interesados en colaborar con las tareas en los establecimientos.

La idea es que los padres interesados en colaborar con la limpieza en escuelas se inscriban en un registro por establecimiento y turno según los niveles educativos que funcionen en el mismo y la idea es que sea integrado por entre 3 y 5 padres por turno y escuela.

Desde el Suteba local se pronunciaron respecto de la iniciativa y a través de Facebook apuntaron contra Valeria Rodríguez: "Concejalxs que ganan un millón de pesos pretenden limitar el derecho a la protesta de auxiliares y docentes que ganan 130 mil", escribieron.

En la publicación, realizada en las últimas horas, denunciaron que "en una campaña nada casual, con las elecciones a la vista, desde varios sectores se ataca y estigmatiza a quienes trabajamos en educación (auxiliares y docentes) como responsables de los males del sistema educativo público".

Además manifestaron que los reclamos deben ser dirigidos al Estado "en forma mancomunada quienes trabajamos en la educación pública y las familias que envían a sus infancias a la escuela".

"Ninguna ley u ordenanza para limitar el legítimo derecho a la protesta pueden arreglar lo que las políticas económicas y educativas están desconociendo, negando y vaciando", agregaron.

También aseguraron que "a los de arriba les conviene promover enfrentamientos entre quienes trabajamos en la educación y las familias" con el objetivo de "dividir la enorme fuerza colectiva que podemos desplegar en unidad".