La suma fija fue anunciada el domingo por el ministro Sergio Massa en el marco de un paquete de “compensación” por los efectos de la devaluación del peso el día después de las PASO.

Está dirigida tanto al sector público como privado y establece que cada empleador deberá abonar dos pagos de 30 mil pesos cada uno, en septiembre y octubre, a aquellos trabajadores cuyos salarios no superen los 400 mil pesos netos.

En el escrito, la CCIS sostiene que la resolución fue "dispuesta por el gobierno en forma vertiginosa e intempestiva" y asegura que "afecta en forma muy negativa al sector productivo ya que impactará en forma directa en su estructura de costos".

Además expresa que "teniendo en cuenta el momento en que se determina, genera una importante imprevisibilidad ya que obliga a las empresas a realizar modificaciones de emergencia en sus previsiones económicas".

Para la CCIS, los ajustes en las remuneraciones y la recomposición del poder adquisitivo tienen que ser definidos "en el marco de las negociaciones paritarias", ya que ese sistema "garantiza la verdadera voluntad de las partes".

Y agregan: "Debemos recordar que en distintos sectores productivos las negociaciones paritarias ya han sido reabiertas y modificadas a modo de búsqueda de soluciones frente al grave problema de la inflación que está repercutiendo en toda la actividad económica y comercial".

Los empleadores que se abstengan a pagar la suma fija serán multados, según detalló la ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos.

En ese sentido, fuentes de la Corporación reconocieron a un medio local que "si no revisan esta medida no va a quedar otra y se pagará como se pueda".