“En una realidad en la que se observan con inusitada frecuencia comportamientos violentos contra las mujeres, reflejados en conductas que no sólo afectan su integridad psicofísica, sino todos los aspectos de la vida y de las relaciones interpersonales, es nuestra obligación diseñar y proponer mecanismos que posibiliten el adecuado abordaje de esta problemática”, explicó el diputado massista.

La norma además establece que junto con el dispositivo de rastreo, similar a las tobilleras de prisión domiciliaria utilizada en el sistema carcelario, se deberá realizar un expediente indicando perímetro de restricción y demás datos que resulten necesarios para el adecuado control de la medida, los que serán establecidos por vía reglamentaria.

Asimismo, Garate enfatizó: “Las problemáticas de género se han profundizado y es el Estado, en sentido amplio, quien debe acudir al mejoramiento permanente de los instrumentos disponibles para beneficio de la ciudadanía, en especial, cuando un sector se encuentra atravesando una situación manifiestamente crítica”.

“Es política concreta del espacio político al que pertenezco trabajar denodadamente en la implementación efectiva de instrumentos de protección hacia los sectores más afectados, bregando por el constante fortalecimiento de las instituciones y mecanismos orientados a contrarrestar las consecuencias del flagelo de la violencia de género, como la ha sido la implementación exitosa del botón antipánico –en su momento, la mejor tecnología existente- en el municipio de Tigre, lo que fuera tomado como ejemplo por otros distritos de nuestra provincia”, afirmó el diputado.

Lo que la Ley ampara

En la provincia existe la ley 12.569 de protección contra la violencia familiar y la Ley 26.485 sobre protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esta última constituye un modelo normativo de protección de las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, contemplando mecanismos de intervención urgente de la Justicia ante situaciones de violencia de género.

Además, la provincia de Buenos Aires ha declarado la emergencia en concepto de violencia de género mediante la sanción de la Ley N° 14.407 que fue prorrogada por la Legislatura provincial mediante la sanción de la Ley N° 14.731, con vigencia hasta el mes de julio del 2017.

En ese marco, Garate resaltó que “inmersos en una problemática social -cada vez más frecuente- y teniendo en cuenta que los injustos penales cometidos en este contexto no son acontecimientos aislados, se impone la necesidad del control efectivo de las medidas de restricción judicialmente dispuestas”.