Política
Tras las detenciones

Se destapó la olla: la trama oscura de la UOCRA y los políticos

Hay varios políticos que siendo investigados por los vínculos con la UOCRA.

Uno de los cuatro prófugos en la investigación de extorsión y asociación ilícita es Guillermo Molina, secretario del sindicato de la construcción y candidato a concejal de Unidad Ciudadana, partido encabezado a nivel local por el ex periodista Carlos Quiroga. No es el único político involucrado en la trama: Ariel Zaballa, ex funcionario de confianza de Cristian Breintenstein y secretario del Concejo Deliberante es otro de los nombres que figuran en la causa que promete ser una de las más resonantes del 2018.

Personal de la DDI, encabezado por el jefe de la Policía Bonaerense Fabián Perroni, realizó procedimientos en sitios que frecuentaba Molina, pero sin éxito hasta el momento. Molina había renunciado a su cargo en la UOCRA en octubre de 2017, pero seguía concurriendo al gremio.

Quiroga negó vinculación con él, ya que afirmó que el prófugo ocupaba el último lugar en la boleta de Unidad Ciudadana porque pertenecía, originalmente, a la corriente de su oponente Rodolfo Lópes, el otro candidato en la interna de las PASO y que por la ley electoral “quedó en la lista para la general”.

El concejal dijo que Molina no es ni siquiera concejal suplente y de haberlo sido, se le hubiera pedido la renuncia hasta aclarar su situación. La pregunta de rigor es si, aunque la ley electoral te exija a tener un candidato en tu lista, siendo periodista podes desconocer el pasado sindicalista.

Otro de los involucrados es el conocido político bahiense Ariel Zaballa. Sobre él, no pesa pedido de detención, pero está mencionado e investigado. Cabe recordar que el actual secretario del Concejo Deliberante fue el hombre de confianza en el gobierno del ex intendente y ex ministro de Producción Cristian Breitenstein.

Durante la gestión del “alemán”, se desempeñó como secretario de Acción Social y fue centro de varias polémicas, como por ejemplo, “Carne Para Todos”. Hoy, es señalado por ser responsable de la empresa EIS, una de las firmas impuesta a las contratistas para ser proveedora de comida. En septiembre último, la gobernadora denunció públicamente el hecho. ¿Habrá más políticos involucrados con el correr de las horas?

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