Días después, el titular de Fiscalización municipal, José Montanaro, se encargó de aclarar mediáticamente que “el lugar siniestrado no era un geriátrico” ya que no todos los adultos mayores tenían más de “65 años” y uno de ellos padecía problemas psiquiátricos. En ese punto, reconoció que “muy pocos albergues para ancianos podrían reunir las condiciones mínimas de seguridad”.

Si la intención fue desvincular a la Comuna de esta situación, no fue un buen modo. Más aun cuando la propietaria del lugar, Sandra Díaz, declaró que “sin la ayuda económica brindada por el intendente, sería imposible subsistir en esa actividad”. Entonces, de ser real esta afirmación, ¿cómo el municipio subsidia, bajo qué marco, un geriátrico clandestino que no cumple con las normas mínimas de seguridad y, en el que luego, terminan falleciendo dos personas?

Vayamos más atrás. Dos años. Si bien la ley Provincial 14.263, que regula a los geriátricos, rige también en Bahía Blanca, se decidió “desoírla”. En 2015 Guillermo Quevedo, por entonces titular de Región Sanitaria 1, junto a Claudio Pastori director de salud de la Comuna, conducida por Gustavo Bevilacqua, actual Diputado Nacional por el Frente Renovador, advirtieron que de los 300 albergues para ancianos existentes –o más- sólo dos contaban con habilitación. Por ende, la solución para ellos era “bajar la vara en las reglamentaciones” que marcaban las normas.

Ello recaía en que los requisitos indispensables que se pedían en la ley de geriátricos y las modificaciones posteriores para sus correspondientes habilitaciones, sea más blanda en Bahía Blanca. Incluso, el 18 de septiembre de 2015 Quevedo le declaró a un periodista de este medio que se planificaba crear un sistema subsidiado de “pensiones para quienes puedan tener entre 4 y 7 abuelos por vivienda”, situación muy similar a la ocurrida ahora con Díaz.

En forma inmediata, el bloque del Frente para la Victoria del Concejo Deliberante local y la sede de PAMI dijeron que “no se podían negociar cuestiones básicas”. Sin embargo, la Cámara que agrupa a los geriátricos, se mostró del lado de la Comuna, pidiendo ser menos estrictos con las habilitaciones. Las reuniones y peleas fueron diluyéndose y de eso, en el 2016 sólo se supo que nunca se logró realizar un censo confiable para saber el número exacto de residencias que funcionaban a nivel local.

Viendo un poco la realidad, hay dos abuelos muertos. Un Gustavo Bevilacqua que dejó que sus funcionarios hicieran lo que quisieran, incluso ofrecer subsidios a quienes alberguen abuelos en sus viviendas como si éstos fueran un paquete para guardar en el fondo de un galpón y hoy es diputado nacional, un Héctor Gay que siguió lo que su antecesor hizo sin cuestionar si eso estaba bien o no y el futuro de los más vulnerables atado con alambre en manos de dos personas que cada vez que se equivocan, afirman que “están aprendiendo a hacer política”. Lo triste es que su aprendizaje, en este caso, condujo a la muerte de dos ancianos.